El Foro de Sociedades Científicas Argentinas, de Organizaciones de la Sociedad Civil y de Universidades manifiesta su profunda preocupación ante el deterioro acelerado del sistema de residencias de salud en nuestro país. Esta crisis, marcada por la precarización laboral, el vaciamiento institucional y la desjerarquización formativa, pone en riesgo la dignidad de quienes se están formando y compromete seriamente el futuro del sistema de salud argentino.
Las residencias constituyen un pilar estratégico e irreemplazable. Son espacios de formación intensiva y desarrollo profesional, donde se construye buena parte de la capacidad del país para garantizar una atención ética, oportuna y de calidad. Su degradación no es un problema gremial ni sectorial: es una cuestión de salud pública, equidad y planificación estatal.
Hoy observamos con alarma:
• La transformación de las residencias en meras “becas de formación”, desconociendo su carácter laboral y profesional, tal como lo establece la Resolución Ministerial N.º 2109/2025.
• La creciente precarización de las condiciones de trabajo.
• La desarticulación institucional y el recorte presupuestario de programas formativos que requieren planificación a largo plazo y financiamiento estable.
La formación de posgrado es un bien público estratégico. Su vaciamiento compromete directamente la salud de toda la población. Como espacio plural, interinstitucional y federal, sostenemos que es responsabilidad del Estado garantizar:
• Condiciones laborales dignas y acordes al trabajo desempeñado, con salarios adecuados, cobertura social, licencias y carga horaria razonable.
• Financiamiento suficiente y sostenido para los programas de residencia y concurrencia, con participación académica y supervisión científica.
• Reconocimiento profesional y construcción de una carrera sanitaria con jerarquía, continuidad y criterios federales.
• Diálogo institucionalizado con sociedades científicas, universidades, equipos docentes y residentes, que evite medidas unilaterales y asegure consensos duraderos.
• Articulación entre formación e inserción laboral, con políticas públicas que promuevan el arraigo, la distribución equitativa del recurso humano y la salud como derecho.
La Constitución Nacional reconoce explícitamente el derecho a la protección de la salud. El artículo 42 establece que las autoridades deben garantizar ese derecho en el marco de las relaciones entre usuarios y prestadores de servicios. A su vez, la reforma constitucional de 1994 incorporó con jerarquía constitucional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), cuyo artículo 12 consagra el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Esta norma impone al Estado argentino la obligación de adoptar medidas concretas para asegurar el acceso universal, equitativo y no discriminatorio a la atención. Esta medida incumple los compromisos legales, constitucionales y convencionales que el Estado ha adquirido tanto con su población como con el sistema interamericano. Constituye una medida regresiva en términos de derechos humanos y vulnera directamente los derechos laborales del personal de salud.
La defensa del sistema de residencias es la defensa del derecho a la salud, de la formación de calidad, y del compromiso profesional con la vida. No se puede hablar de fortalecer el sistema sanitario mientras se vulneran los derechos de quienes lo sostienen día a día desde las guardias, las salas y los centros de salud. Llamamos a las autoridades sanitarias nacionales a revisar de manera urgente el nuevo marco normativo, convocar a instancias de diálogo y construir en forma participativa una salida colectiva. La historia de la salud argentina se ha forjado con ciencia, compromiso y trabajo compartido. No abandonemos ese camino.
FORO de Sociedades Científicas Argentinas, Organizaciones de la Sociedad Civil y
Universidades. Julio 2025